El Presidente de la Generalitat José Montilla envió una carta a las 201 instituciones y asociaciones de todo tipo para agradecer el apoyo al editorial conjunto de doce diarios catalanes, con el fin de defender la volutan de los ciudadanos de Cataluña plasmada en el Estatut, mandado un claro “recado” al Tribunal Constitucional para que “tenga cuidado” si recorta esa Ley Orgánica.

Esta es la guinda que colma el vaso del más grave ataque realizado por instituciones políticas y sociales al más importante Tribunal del Estado. Sin duda ninguna, tiene una enorme razón Alfonso Guerra cuando dice que “los políticos catalanes están en la estratosfera” por pedir “unidad” a la sociedad catalana ante un eventual recorte del Estatut.

Y efectivamente lo está, como también lo está el indicado editorial común de doce periódicos catalanes elaborado por La dignidad de Catalunya que, conjuntamente con la de los políticos nacionalistas, ahora refrendada por el “President”, intenta “allanar el camino” a una sentencia favorable al Estatut. Es verdad que a simple vista parece que los dos documentos se ha empleado el seny catalán, pero un estudio más en profundidad contradice esta primera idea. En especial, en el editorial se dice que el Tribunal está “actuando como una cuarta cámara confrontada con el Parlament, las Cortes y la voluntad ciudadana”, pero en realidad no es un órgano político. Parece mentira que, a estas alturas, tengamos que afirmar que es el órgano judicial más alto del sistema jurídico. Sin duda, este es uno de los objetivos claros de la campaña, deslegitimar al Constitucional y convertirlo en un ente político, de tal forma que sus decisiones sean consideradas como políticas. Se afirma que el Alto Tribunal es un órgano provisional, porque parte de sus miembros no han sido renovados. Sin embargo, esta circunstancia no lo deslegitima, pues los magistrados que ocupan esos puestos están perfectamente amparados por la Ley que lo regula y sus sentencias son totalmente válidas. El problema es que, a lo mejor, si se designasen otros, éstos serían más proclives al Estatut. O sea, que lo que importa no es que dicten una sentencia justa y ajustada a derecho, sino una sentencia ajustada a sus planteamientos políticos. Bueno, la solución es sencilla, se suprime al Tribunal Constitucional o, mejor aún, a la Constitución y asunto arreglado.

Lo que han conseguido, como señala Montilla, es que el mentado editorial tuviera un “extraordinario impacto” en la opinión pública catalana y española. Ya saben, “lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal”. Parecía existir una cierta desconexión entre lo que manifiestan los políticos catalanes y lo que piensan sus habitantes. De ahí que fuera necesario obtener una respuesta de apoyo de la “sociedad catalana” y para ello lo más fácil era acudir a los periódicos que podrían dar ese barniz que faltaba y así se facilitaba también la adhesión de otros actores de la sociedad civil. Se afirma también que una sentencia en contra del Estatut supondría en realidad condenar a muerte a la Constitución. Pero nada más lejos de la realidad. Es todo lo contrario. El Constitucional tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución y si entiende que una ley orgánica, que es lo que simplemente es el Estatut, no se ajusta a la Carta Magna, tiene que anularse en la parte incorrecta.

Por suerte, si ha aparecido un poco del seny catalán en el manfiesto elaborado por un número reducido de abogados del Colegio de Barcelona en contra del apoyo de la Junta de ese Colegio al editorial mencionado. Y lo han hecho con toda la razón del mundo, un órgano de este tipo puede y debe, desde el punto de vista técnico criticar el mal funcionamiento de un Tribunal, pero nunca apoyar un documento político en su contra. Estos colegas afirman muy claramente que: ningún grupo de ciudadanos, ni colectivo, ni siquiera que se diga mayoría, puede hacer llegar amenazas, veladas o explícitas, al Tribunal Constitucional, dirigidas a condicionar el ejercicio libre y en conciencia de su trascendental e insobornable función de juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes. Los abogados como profesionales de la Justicia no podemos permitir que se ponga en entredicho la labor del Tribunal Constitucional pues, haciendo esto, se cuestiona todo nuestro sistema institucional. La verdad es que sus palabras no merecen más comentarios.

Sea la Sentencia favorable o no a todo o parte del Estatut, todos debemos respetar la decisión judicial y si debe ser merecedora de críticas, estas deben ceñirse a los aspectos meramente jurídicos, pero no tratar esa resolución como un manifiesto político. Pronto, probablemente, volveremos sobre esta cuestión.

Fuente: Desde el derecho