1. Permite mayor eficiencia presupuestaria al ahorrar costes en el mantenimiento y en la evolución del software.
2. Cumple las recomendaciones de la Ley 11/2007, del Real Decreto de Interoperabilidad, y de las directivas europeas de la ISA.
3. Favorece la transparencia, la interoperabilidad, la independencia y la sostenibilidad de las aplicaciones de las Administraciones Públicas.
4. Desarrolla el ecosistema del sector TIC, garantizando la independencia de proveedores y su disponibilidad futura.
5. Pone conocimiento y activos a disposición de las empresas.
6. Contribuye a la reducción del déficit público, y fomenta el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
7. Mejora la competitividad al fomentar la cooperación entre administraciones, universidades, centros de I+D+i y empresas, extendiendo buenas prácticas de conocimiento compartido, y fortaleciendo la innovación abierta.
8. Facilita la adaptación a las necesidades concretas de las administraciones, en materia lingüística, legislativa, de accesibilidad e imagen.
9. Garantiza la privacidad y la seguridad en el tratamiento de la información.
10. Permite Compartir, Reutilizar y Colaborar.

En definitiva: Al liberar software, la Administración Pública reduce su déficit, aporta valor al sector privado, especialmente a las empresas software.

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