“No descartamos tomar más medidas [de ajuste] en el sector público”, se jactó ayer el presidente Zapatero, ante la mirada atónita de Fernández De la Vega, en la sesión del Congreso.

A pocos días de que Bruselas valore formalmente el plan de recortes de España, el 16 de junio, en Moncloa barruntan que no será fácil ganarse el aprobado. La canciller alemana, Angela Merkel, ha dejado el listón bien alto: el socio más aventajado de la eurozona se ha comprometido a prescindir de 100.000 funcionarios hasta 2014; recortar el sueldo del colectivo público un 2,5% de media, y poner fin a la tradicional paga navideña.

Con más de 82 millones de habitantes, Alemania cuenta con cinco millones de funcionarios –464.000 bajo la órbita del Estado–. Con la mitad de población, España ha sobrepasado la barrera de los 3 millones de efectivos públicos, 522.000 en la Administración central. ¿Cómo se ha llegado a esto? La progresiva descentralización del Estado ha dado a las regiones la excusa perfecta para engordar sus plantillas y aligerar las cifras de paro de sus territorios. En 2006, un revelador informe de la Comisión Europea daba la voz de alarma: los funcionarios absorbían por entonces el 26% del gasto público español, por encima del 22,8% de media entre los Veintisiete.

Pero incluso con el estallido de la crisis, el fenómeno de las contrataciones públicas parece no tener límites. Desde el tercer trimestre de 2007, se han creado 156.500 empleos nuevos en las comunidades, ayuntamientos y otros entes públicos, 158 al día. En ese tiempo, las empresas privadas han perdido más de 2,1 millones de puestos, una consecuencia directa del agotamiento de un país acorralado por el boom inmobiliario y la falta de crédito.

Llama la atención el caso de Cataluña donde, según un estudio detallado de Agett sobre la última Encuesta Población Activa (EPA), el ritmo de creación de empleos públicos –del 16,8%– supera desde el inicio de la crisis los niveles de destrucción de puestos entre las empresas –del 16%–.

Fuente: expansion